Lecturas autores consagrados: Felisberto HERNÁNDEZ, historia de Uruguay, por Juana Castillo Escobar.

Historia de Uruguay

El territorio que hoy forma parte del Uruguay fue descubierto en 1516 por el navegante español Juan Díaz de Solís, primer europeo que llegó al estuario del Río de la Plata, al que denominó mar Dulce; ese mismo año, los miembros de su expedición murieron a manos de los charrúas, tribu que se opuso a los intentos de colonización durante el sigloXVI. En 1624 fue fundado el primer asentamiento español en el puerto fluvial de Soriano, situado en el actual departamento de Soriano, en el río Negro.

Rivalidad internacional durante la colonia
Entre 1680 y 1683, para desafiar la soberanía española de la región, los colonizadores portugueses de Brasil establecieron diversos asentamientos sobre las costas del Río de la Plata, frente a Buenos Aires, como la Nova Colonia do Sacramento (véase Colonia del Sacramento). Sin embargo, los españoles no efectuaron ningún intento para desalojar a los portugueses hasta el año 1723, cuando éstos comenzaron a fortificar los cerros que rodean la bahía de Montevideo. Una expedición española que procedía de Buenos Aires obligó a los portugueses a abandonar el lugar, fundando en 1726 la ciudad de Montevideo.
La rivalidad hispano-portuguesa continuó hasta 1777 con la ocupación de Sacramento y la firma de los Tratados de San Ildefonso. De esta forma se instauró la soberanía española sobre el territorio bajo la jurisdicción del primer virrey Pedro Antonio de Cevallos. Ese mismo año, el rey de España CarlosIII daba carácter definitivo al virreinato del Río de la Plata, con sede en Buenos Aires. Durante 1810 y 1811 los revolucionarios uruguayos, al mando del general José Gervasio Artigas, se unieron a los patriotas de Buenos Aires en su alzamiento contra España (véase Grito de Asencio). El gobernador español fue expulsado de Montevideo en 1814, pero dos años después los portugueses de Brasil, al percibir que el nuevo territorio emancipado conocido como Banda Oriental se había debilitado tras su lucha contra España, invadieron el territorio, presuntamente para restablecer el orden.
La conquista portuguesa se completó en 1821, momento en que la Banda Oriental fue anexionada por Brasil. Los insurgentes dirigidos por Juan Antonio Lavalleja -los célebres Treinta y Tres Orientales- restablecieron la independencia del país en 1825 y, con la colaboración de Argentina, libraron una exitosa guerra contra Brasil, país que en 1828 reconoció la independencia uruguaya. Independencia y guerra civil
En 1830 se proclamó la República Oriental del Uruguay, aunque muy pronto se dividió en facciones hostiles como resultado de la rivalidad entre los líderes de la rebelión contra Brasil. En 1836 estalló el enfrentamiento entre los seguidores del entonces presidente Manuel Oribe y los partidarios de quien había sido primer presidente de la República, Fructuoso Rivera. Ambos grupos se autodenominaron 'blancos' y 'colorados', respectivamente, adoptando este nombre por el color de sus banderas. Durante el conflicto, los blancos, ayudados por las fuerzas argentinas enviadas por el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, sitiaron Montevideo, ciudad en la que los seguidores de Rivera resistieron desde 1843 hasta 1852 (véase Guerra Grande). Ayudados por Brasil y otros opositores al régimen de Rosas, derrotaron a Oribe y a sus partidarios y asumieron el poder. Las dos facciones reanudaron sus enfrentamientos en 1855, manteniéndose las hostilidades de forma intermitente. Los colorados mantuvieron el control casi continuamente de 1865 a 1870, periodo en que Uruguay se alió con Brasil y Argentina participando en la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay.
Primeros años del siglo XX
A principios del sigloXX la pertenencia a los dos grupos políticos rivales dejó de ser meramente una cuestión de lealtades tradicionales. Los blancos se convirtieron en un partido conservador, atrayendo fundamentalmente a la población rural y al clero, mientras que los colorados adoptaban posturas progresistas y proponían una avanzada legislación social. Durante la presidencia del colorado José Batlle y Ordóñez (entre 1911 y 1915) se promulgó un amplio cuerpo de leyes sociales, lo que pronto convirtió a Uruguay en el país más progresista del continente.
En 1917, durante la IGuerra Mundial, Uruguay rompió relaciones con Alemania y arrendó a Estados Unidos los buques alemanes que requisó en el puerto de Montevideo. Ese mismo año se promulgó una nueva Constitución, una de las más avanzadas de su tiempo, que dividió la autoridad del poder ejecutivo entre el presidente y el Consejo Administrativo Nacional, y estableció la separación entre la Iglesia y el Estado. En 1920, Uruguay se incorporó a la Sociedad de Naciones.
En 1931 asumió la presidencia Gabriel Terra, quien dos años después exigió la enmienda de la Constitución uruguaya para ampliar los poderes presidenciales; ante las protestas que originaron sus demandas, instauró una dictadura. En 1934, la Asamblea redactó una nueva Constitución. Durante la IIGuerra Mundial, Uruguay rompió sus relaciones diplomáticas, financieras y económicas con las potencias del Eje. En 1945, el país fue uno de los miembros fundadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La década de la posguerra
En 1947 fue elegido presidente el candidato del Partido Colorado y antiguo ministro de Obras Públicas, Tomás Berreta, aunque murió pocos meses después de asumir el cargo; el vicepresidente Luis Batlle Berres completó el resto del mandato presidencial. Las elecciones presidenciales y legislativas de 1950 llevaron al poder en marzo de 1951 al colorado Andrés Martínez Trueba. Dos años después, la reforma constitucional promovida por el presidente abolió la presidencia y transfirió el poder ejecutivo a los nueve miembros de un organismo colegiado, el Consejo Nacional de Gobierno.
En represalia por la política uruguaya de conceder asilo político a los refugiados de Argentina, el dictador de este país, Juan Domingo Perón, impuso restricciones en los viajes y en las relaciones comerciales con Uruguay. En protesta, el gobierno rompió los lazos diplomáticos con Argentina en 1953.
Entretanto, la caída de los precios de la lana y la reducción de las exportaciones de carne provocaron el aumento del desempleo y la inflación. Para mejorar su situación, Uruguay firmó en 1956 varios acuerdos comerciales con la República Popular China y otros países comunistas. Sin embargo, estas medidas no impidieron que continuara el deterioro económico.
En 1958, tras 93 años ininterrumpidos de gobierno colorado, los blancos ganaron las elecciones por abrumadora mayoría. El nuevo gobierno puso en marcha reformas económicas, pero tuvo que enfrentarse a la movilización izquierdista y sindical.
Deterioro político
Los blancos permanecieron en el poder hasta 1966. Ese año, junto a los colorados, aprobaron la restauración del sistema presidencialista, aprobada por referéndum en noviembre. En las elecciones presidenciales que se celebraron meses después ganaron los colorados, asumiendo la presidencia un antiguo general de las Fuerzas Aéreas, Óscar Gestido; tras su fallecimiento fue sucedido por el vicepresidente, Jorge Pacheco Areco. La política antiinflacionista de Pacheco provocó gran malestar social, por lo que el grupo guerrillero de los tupamaros intensificó sus acciones para derrocar al gobierno.
Desde junio de 1968 hasta marzo de 1969, Uruguay se mantuvo bajo una forma modificada de ley marcial (las denominadas 'medidas prontas de seguridad'). La gira por América Latina del político estadounidense Nelson Rockefeller, que en junio de 1969 llegó a Uruguay, provocó la protesta social con violentas manifestaciones, por lo que el presidente Pacheco volvió a imponer el estado de sitio.
En las elecciones del 28 de noviembre de 1971, el candidato colorado Juan María Bordaberry y su contrincante blanco obtuvieron casi los mismos votos, pero en febrero de 1972 la Junta Electoral proclamó presidente a Bordaberry. Entretanto, la violencia de los tupamaros se había incrementado, siendo frecuentes los secuestros y atentados. Tras una ola de arrestos en 1971, unos 150 tupamaros escaparon en dos fugas masivas. En abril de 1972, el Congreso declaró el estado de guerra interno y suspendió las garantías constitucionales, mientras que una fuerza de 35.000 policías y soldados se lanzó a la busca y captura de la guerrilla. El estado de guerra se levantó el 11 de julio, aunque las garantías constitucionales permanecieron suspendidas hasta 1973. Muy pronto, Bordaberry se vio sometido a la presión de los blancos y de las facciones disidentes de su propio partido; los trabajadores reaccionaron contra las duras medidas económicas y sociales con las huelgas, que estallaron continuamente durante todo el año 1972; además, la inflación se disparó y la moneda se devaluó diez veces.

Los militares toman el poder
En febrero de 1973, Bordaberry cedió una parte de su autoridad ejecutiva a las Fuerzas Armadas, que se habían hecho más agresivas a medida que obtenían éxitos en sus acciones contra la guerrilla, lo que provocó un conflicto con el Congreso. El presidente optó entonces por disolverlo y sustituirlo por el Consejo de Estado, integrado en su mayoría por militares. La Convención Nacional de los Trabajadores (CNT) respondió con una huelga general que el gobierno consiguió romper, tras violentas confrontaciones, el 11 de julio; un mes después, la autonomía de los sindicatos llegó a su fin con la ilegalización de la CNT. Durante esos tres años los militares ampliaron su control sobre la mayoría de las instituciones, estableciendo una represiva dictadura militar. En 1976, Bordaberry tuvo que cancelar las elecciones previstas para ese año y fue depuesto de su cargo de presidente.
Un nuevo Consejo de la Nación eligió como presidente a Aparicio Méndez, antiguo ministro de Salud Pública, para un mandato de cinco años. Uno de los primeros actos de su gobierno fue privar de derechos políticos a quienes habían participado en política entre 1966 y 1973. En 1976, el número de prisioneros políticos encarcelados por el gobierno se elevaba a unas 6.000 personas y las violaciones de los derechos humanos por parte de los militares eran frecuentes.
Algunos políticos proscritos volvieron a adquirir sus derechos en los años siguientes, aunque la mayoría no lo consiguió hasta 1980, cuando los partidos Blanco y Colorado volvieron a legalizarse. Una nueva Constitución, cuya aprobación fue sometida a referéndum en noviembre de 1980, fue rechazada, tras lo cual el gobierno canceló las elecciones previstas. El 1 de septiembre de 1981 asumió la presidencia el general Gregorio Álvarez para un mandato que debía terminar en 1985. Álvarez permitió el regreso de numerosos exiliados y convocó elecciones dos años después.

Gobierno civil
Las elecciones presidenciales se llevaron a cabo en noviembre de 1984, manteniendo las Fuerzas Armadas la facultad de vetar a los candidatos. El ganador, el moderado Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, asumió la presidencia el 1 de marzo de 1985. En diciembre de 1986 se dictó una amnistía que cubría a todos los miembros de las Fuerzas Armadas acusados de violación de los derechos humanos entre 1973 y 1985, medida confirmada por referéndum en noviembre de 1989; ese mismo mes se celebraron nuevas elecciones presidenciales y fue elegido Luis Alberto Lacalle del Partido Nacional (Blanco). El estancamiento económico y el aumento de la inflación le llevaron a aplicar un programa de austeridad, anunciando planes para privatizar las empresas estatales; en señal de protesta, los líderes sindicales convocaron una serie de huelgas.
La intranquilidad sindical se mantuvo durante los primeros años de la década de 1990 como protesta contra la galopante inflación -que alcanzó el 81% en 1991- y en contra del programa de privatizaciones. Asimismo, numerosos simpatizantes del partido oficialista se opusieron a esta política, considerando que las industrias privatizadas caerían bajo control extranjero, principalmente de los inversores argentinos y brasileños; a pesar de estas protestas, Lacalle siguió adelante con el programa, apoyando la reducción de los puestos de trabajo en el sector público y la limitación del incremento salarial a los funcionarios a porcentajes inferiores a la tasa de inflación.
El malestar popular continuó y, en 1992, la policía (al igual que había sucedido durante el mandato anterior) se declaró en huelga exigiendo mejores salarios y apoyando las demandas de otros grupos de trabajadores. Ante la presión a la que se vio sometido, el presidente Lacalle convocó un referéndum sobre la política de privatizaciones en el que triunfó de forma clara el voto contrario a la misma. A principios de 1993 el peso uruguayo sustituyó al nuevo peso con una paridad de 1.000 a 1, y el presidente anunció nuevas medidas de austeridad para reducir la inflación.
En las elecciones celebradas a finales de 1994 fue reelegido el colorado Julio María Sanguinetti, que ocupó la presidencia en marzo de 1995. Un año después logró la aprobación por referéndum de importantes reformas en el sistema político uruguayo.

________________
Texto: "Uruguay (república)", obtendido en la Enciclopedia Microsoft Encarta 99. (c) 1993-1998 Microsoft Corporation.

Imágenes: Google.